Dentro del marco normativo cuando se habla de ciberdelitos, se debería contemplar la falta de garantías para el acceso, manejo y cadena de custodia de la prueba digital en los procesos judiciales en Uruguay. Esto ha sido documentado por el proyecto Datysoc de Data Uruguay y debilita las garantías para las personas acusadas, así como la capacidad probatoria de la evidencia.