Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030. Consulta al Sector Público
Junta Nacional de Drogas
En evaluación
Aporte de la Marcha Mundial de la Marihuana
2025
Como parte del movimiento social organizado, nos es imperioso
impulsar una reflexión colectiva respecto al cannabis, su regulación y la agenda social y política que lo acompaña. Se debe discutir la situación de la regulación del cannabis en nuestro país y
necesitamos hablar de los retrocesos en la implementación y mirar al futuro con una agenda que creemos debe ser analizada en lo
inmediato, abordada desde una mirada no prohibicionista, sino de
reducción de daños, con centro en los usuarios y usuarias como
personas de derecho, a quienes proteger y respetar.
No desconocemos que esta regulación, así como otras
transformaciones sociales, fueron impulso y conquistas del
movimiento social y de fuerzas progresistas que confluyeron en
una etapa del país, con más impulso creemos que debe ser la base de una transformación en políticas de drogas que respeten y protejan a los usuarios, y combatan la violencia que se produce en los mercados ilícitos.
Hasta ahora no se ha terminado la persecución y vemos que
perversamente no parece delito vender droga sino producirla sin
permiso. ¡Aún se liberan narcos pesados y millonarios y se
encarcelan trabajadores, mujeres, jóvenes y militantes por plantar
una planta!
Tras 12 años de implementación de la regulación del cannabis en
nuestro país y en este marco legal, ha permitido que 79 mil
adquirentes en farmacias, 11 mil cultivadores domésticos y 16.700
miembros de clubes accedan a cannabis por vías más seguras que las del narcotráfico. Más de 106.700 personas están accediendo a una sustancia por fuera de los circuitos ilegales, por fuera de las “transas” y el riesgo que esto implica. También es preciso
mencionar a la cantidad de personas que han podido acceder a nuevos tratamientos, alternativos a los brindados por el sistema de
salud tradicional, para las más diversas dolencias de uruguayos y
extranjeros.
Pero hoy enfrentamos una realidad en la que las leyes y su
implementación siguen perpetuando injusticias, limitando el
desarrollo económico, criminalizando a usuarios y cultivadores, y
obstaculizando la industrialización que tanto necesitamos. El
artículo 74 de la LUC, sumado a normas oscuras y mal aplicadas,
se usa cómo arma para allanar hogares humildes, secuestrar
cosechas, humillar cultivadores y armar causas sin sustento.
Es necesario reflexionar sobre qué modelo de gestión de drogas
queremos: el narcotráfico o la regulación? La violencia o la
reducción de daños? La clandestinidad y la corrupción o un
modelo que respete la salud pública y los derechos humanos?
Necesitamos seguir avanzando en un modelo que nos ayude a
bajar los índices alarmantes de inseguridad que se expresan en
muertes y más muertes en los territorios. Siempre de gente pobre y vulnerable, siempre el eslabón más débil de la cadena. Basta de
criminalizar a las personas por la planta!
La aplicación de la regulación del cannabis sigue siendo prohibicionista, sigue siendo clasista y racista. No debemos permitir que los operadores de justicia sigan condenando a las poblaciones más vulnerables y a mujeres jóvenes a la cárcel por el involucramiento con la planta.
El uso y abuso de figuras legales como los acuerdos abreviados, la
“tenencia no para consumo” y el “suministro a título no oneroso”
habilitan la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas policiales,
represivas y se invierte el “supuesto” de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. La desproporción de las penas, hace que hoy tengamos una justicia para ricos y otra para pobres y vulnerables. A 11 años de regulados los usos medicinales ¿solo tendremos medicamentos regulados por la industria farmacéutica a precios inaccesibles?
En el año 2019 se votó la Ley de acceso al cannabis medicinal y
terapéutico, así como la Ley de promoción de la investigación
científica. Exigimos una implementación cabal de estos dos
instrumentos legales, para impulsar una industria local y un nuevo
sendero del desarrollo del país. Pero también, para facilitar el
acceso a productos de calidad a un enorme conjunto de personas
que no encuentran respuesta en los tratamientos tradicionales,
que, haciendo uso de su sano juicio, eligen probar una alternativa.
Exigimos que sea posible! Es un deber la implementación de las
asociaciones de pacientes, sin exigencias alocadas, reglamentadas a la medida del control de la industria farmacéutica monopólica, figura consagrada por ley como alternativa de acceso con garantías a productos elaborados con destino a su uso terapéutico. La salud de las personas no es propiedad del Estado, ni de las
farmacéuticas ni del cuerpo médico. EL DOLOR NO PUEDE
ESPERAR.
La ley nos prometía acceso seguro, pero las farmacias no cubren el total de la demanda, la producción está concentrada en pocas manos, mientras se asfixian con trámites, controles arbitrarios y amenazas a los clubes cannábicos y a los autocultivadores.
Tampoco hay herramientas estatales accesibles para testear,
investigar o certificar lo que cultivamos.
Por tanto, a 11 años de la regulación del cannabis en Uruguay, las
organizaciones sociales nucleadas en el movimiento Marcha
Mundial de la Marihuana en Uruguay proponemos.
Se haga efectivo un desarrollo de la matriz productiva del cannabis
hacia las economías populares y con inclusión de la pequeña
producción. Con licencias accesibles y dispensarios para expendio
en todo el territorio nacional. Revisar y ampliar el marco regulatorio para fomentar la industrialización, la microproducción y la inclusión social.
Eliminar el registro de usuarios No somos delincuentes! Nuestra
seguridad jurídica viene siendo atacada aún con registro de por
medio, sin las garantías adecuadas.
Eliminación de las restricciones arbitrarias a clubes para su
crecimiento en socios y producción.
Una política de drogas que haga mayor énfasis en una prevención
efectiva, con educación y gestión de riesgos y daños. Proponemos
se desarrolle un sistema de tratamientos para uso problemático de la sustancia, que sea accesible, profesional e innovador. Y que, haya mayor investigación en estas áreas, disponer de recursos
públicos y privados para éstas tareas, con particular apoyo a las
áreas del estado como UdelaR, sistema de enseñanza, JND, MSP
y otras.
Disponer de una analítica económicamente accesible, para saber él contenido relativo de cannabinoides, contaminantes microbiológicos, etc, desde el ámbito público, cómo puede ser desde la Facultad de Química.
El Estado Uruguayo debe exigir que se elimine a la marihuana
(cannabis sativa) de la lista 1 de sustancias prohibidas, a nivel
internacional.
Y también creemos que debe ser derogado el artículo 74 de la LUC
y toda figura legal que permita criminalizar la producción para uso no comercial.
Estas propuestas buscan mayor equidad, inclusión y justicia social
y jurídica. No más presos ni presas por marihuana. No más
persecución a cultivadores y usuarios. Basta de criminalizar la
pobreza.
2025
Como parte del movimiento social organizado, nos es imperioso
impulsar una reflexión colectiva respecto al cannabis, su regulación y la agenda social y política que lo acompaña. Se debe discutir la situación de la regulación del cannabis en nuestro país y
necesitamos hablar de los retrocesos en la implementación y mirar al futuro con una agenda que creemos debe ser analizada en lo
inmediato, abordada desde una mirada no prohibicionista, sino de
reducción de daños, con centro en los usuarios y usuarias como
personas de derecho, a quienes proteger y respetar.
No desconocemos que esta regulación, así como otras
transformaciones sociales, fueron impulso y conquistas del
movimiento social y de fuerzas progresistas que confluyeron en
una etapa del país, con más impulso creemos que debe ser la base de una transformación en políticas de drogas que respeten y protejan a los usuarios, y combatan la violencia que se produce en los mercados ilícitos.
Hasta ahora no se ha terminado la persecución y vemos que
perversamente no parece delito vender droga sino producirla sin
permiso. ¡Aún se liberan narcos pesados y millonarios y se
encarcelan trabajadores, mujeres, jóvenes y militantes por plantar
una planta!
Tras 12 años de implementación de la regulación del cannabis en
nuestro país y en este marco legal, ha permitido que 79 mil
adquirentes en farmacias, 11 mil cultivadores domésticos y 16.700
miembros de clubes accedan a cannabis por vías más seguras que las del narcotráfico. Más de 106.700 personas están accediendo a una sustancia por fuera de los circuitos ilegales, por fuera de las “transas” y el riesgo que esto implica. También es preciso
mencionar a la cantidad de personas que han podido acceder a nuevos tratamientos, alternativos a los brindados por el sistema de
salud tradicional, para las más diversas dolencias de uruguayos y
extranjeros.
Pero hoy enfrentamos una realidad en la que las leyes y su
implementación siguen perpetuando injusticias, limitando el
desarrollo económico, criminalizando a usuarios y cultivadores, y
obstaculizando la industrialización que tanto necesitamos. El
artículo 74 de la LUC, sumado a normas oscuras y mal aplicadas,
se usa cómo arma para allanar hogares humildes, secuestrar
cosechas, humillar cultivadores y armar causas sin sustento.
Es necesario reflexionar sobre qué modelo de gestión de drogas
queremos: el narcotráfico o la regulación? La violencia o la
reducción de daños? La clandestinidad y la corrupción o un
modelo que respete la salud pública y los derechos humanos?
Necesitamos seguir avanzando en un modelo que nos ayude a
bajar los índices alarmantes de inseguridad que se expresan en
muertes y más muertes en los territorios. Siempre de gente pobre y vulnerable, siempre el eslabón más débil de la cadena. Basta de
criminalizar a las personas por la planta!
La aplicación de la regulación del cannabis sigue siendo prohibicionista, sigue siendo clasista y racista. No debemos permitir que los operadores de justicia sigan condenando a las poblaciones más vulnerables y a mujeres jóvenes a la cárcel por el involucramiento con la planta.
El uso y abuso de figuras legales como los acuerdos abreviados, la
“tenencia no para consumo” y el “suministro a título no oneroso”
habilitan la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas policiales,
represivas y se invierte el “supuesto” de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. La desproporción de las penas, hace que hoy tengamos una justicia para ricos y otra para pobres y vulnerables. A 11 años de regulados los usos medicinales ¿solo tendremos medicamentos regulados por la industria farmacéutica a precios inaccesibles?
En el año 2019 se votó la Ley de acceso al cannabis medicinal y
terapéutico, así como la Ley de promoción de la investigación
científica. Exigimos una implementación cabal de estos dos
instrumentos legales, para impulsar una industria local y un nuevo
sendero del desarrollo del país. Pero también, para facilitar el
acceso a productos de calidad a un enorme conjunto de personas
que no encuentran respuesta en los tratamientos tradicionales,
que, haciendo uso de su sano juicio, eligen probar una alternativa.
Exigimos que sea posible! Es un deber la implementación de las
asociaciones de pacientes, sin exigencias alocadas, reglamentadas a la medida del control de la industria farmacéutica monopólica, figura consagrada por ley como alternativa de acceso con garantías a productos elaborados con destino a su uso terapéutico. La salud de las personas no es propiedad del Estado, ni de las
farmacéuticas ni del cuerpo médico. EL DOLOR NO PUEDE
ESPERAR.
La ley nos prometía acceso seguro, pero las farmacias no cubren el total de la demanda, la producción está concentrada en pocas manos, mientras se asfixian con trámites, controles arbitrarios y amenazas a los clubes cannábicos y a los autocultivadores.
Tampoco hay herramientas estatales accesibles para testear,
investigar o certificar lo que cultivamos.
Por tanto, a 11 años de la regulación del cannabis en Uruguay, las
organizaciones sociales nucleadas en el movimiento Marcha
Mundial de la Marihuana en Uruguay proponemos.
Se haga efectivo un desarrollo de la matriz productiva del cannabis
hacia las economías populares y con inclusión de la pequeña
producción. Con licencias accesibles y dispensarios para expendio
en todo el territorio nacional. Revisar y ampliar el marco regulatorio para fomentar la industrialización, la microproducción y la inclusión social.
Eliminar el registro de usuarios No somos delincuentes! Nuestra
seguridad jurídica viene siendo atacada aún con registro de por
medio, sin las garantías adecuadas.
Eliminación de las restricciones arbitrarias a clubes para su
crecimiento en socios y producción.
Una política de drogas que haga mayor énfasis en una prevención
efectiva, con educación y gestión de riesgos y daños. Proponemos
se desarrolle un sistema de tratamientos para uso problemático de la sustancia, que sea accesible, profesional e innovador. Y que, haya mayor investigación en estas áreas, disponer de recursos
públicos y privados para éstas tareas, con particular apoyo a las
áreas del estado como UdelaR, sistema de enseñanza, JND, MSP
y otras.
Disponer de una analítica económicamente accesible, para saber él contenido relativo de cannabinoides, contaminantes microbiológicos, etc, desde el ámbito público, cómo puede ser desde la Facultad de Química.
El Estado Uruguayo debe exigir que se elimine a la marihuana
(cannabis sativa) de la lista 1 de sustancias prohibidas, a nivel
internacional.
Y también creemos que debe ser derogado el artículo 74 de la LUC
y toda figura legal que permita criminalizar la producción para uso no comercial.
Estas propuestas buscan mayor equidad, inclusión y justicia social
y jurídica. No más presos ni presas por marihuana. No más
persecución a cultivadores y usuarios. Basta de criminalizar la
pobreza.
Se está evaluando esta propuesta
Estimado Hernán,
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