La seguridad pública en Uruguay difícilmente mejorará mientras muchos policías sigan viviendo en los mismos barrios donde habitan o se esconden los delincuentes. Esta convivencia forzada genera miedo, condiciona su accionar y debilita la autoridad policial, ya que los agentes y sus familias quedan expuestos a represalias o presiones. La falta de separación entre quienes deben garantizar el orden y quienes lo amenazan crea un círculo vicioso: la policía actúa con cautela por temor, y el delito se fortalece al sentirse impune.
Entre las soluciones posibles se destaco políticas de vivienda específicas para funcionarios policiales, que les permitan residir en zonas seguras y neutrales; incentivos económicos para mudarse fuera de las áreas críticas; y programas de protección familiar más firmes. Asi mismo sanciones fuertes para policias corruptos. También sería útil crear unidades comunitarias que trabajen en los barrios conflictivos, pero con efectivos que no vivan allí, para mantener distancia profesional y preservar la autoridad. La seguridad empieza cuando quien la defiende puede hacerlo sin miedo.