La implementación del Plan Nacional de Género requiere una reforma inmediata en el lenguaje y las prácticas cotidianas de quienes ejecutan políticas en el territorio. Es inaceptable que el personal estatal continúe utilizando términos que reducen a la mujer a una persona gestante, reforzando un esencialismo biológico que excluye tanto a mujeres cis sin útero como a mujeres trans. Por tanto, propongo:
1. ​Institucionalizar un protocolo de lenguaje inclusivo y no patologizante en todas las reparticiones estatales del interior, eliminando categorías que excluyan a personas trans o a quienes no encajan en parámetros biológicos tradicionales.
2. Implementar programas de formación continua obligatoria para funcionarios, ejecutados por técnicos capacitados en diversidad y derechos humanos, con foco en el territorio.
3. Crear una veeduría local de seguimiento, integrada por referentes de la comunidad y personas formadas en perspectiva de género, que monitoree que el trato del personal hacia la población trans sea digno y respetuoso. El objetivo es desmantelar la cultura del juicio y el prejuicio que hoy opera de forma naturalizada en las instituciones, logrando que el acceso a derechos en el país no dependa de si la persona cumple o no con los estándares de género tradicionales que hoy nos excluyen.