Dado que los principales problemas que inciden sobre el sistema ya se encuentran identificados, en base a esos problemas se sugiere aplicar las siguientes acciones en línea con los modelos actuales de justicia basada en evidencia o basada en datos.

Creación de grupos de tarea interinstitucionales permanentes ("task forces").
Estos grupos estarían conformados por representantes activos de:
- La Policía
- La Fiscalía
- El Poder Judicial
- El sistema penitenciario.

Se buscaría personal con experiencia en más de una de esas instituciones (por ejemplo, un fiscal que haya sido policía, un juez que haya sido fiscal, o policías con formación jurídica). Esto favorecerá el entendimiento mutuo y agilizaría el entendimiento al conocer las necesidades de cada área.

Se incluirían además gestores de proyectos (project managers) responsables de coordinar las acciones, monitorear el cumplimiento de objetivos, detectar obstáculos y proponer soluciones para destrabar procesos.

Expertos externos: sociólogos, académicos, trabajadores sociales con profundo conocimiento de la realidad social (barrios, dinámicas comunitarias, factores de vulnerabilidad), para asegurar que las decisiones políticas se basen en datos y estudios rigurosos, en lugar de percepciones.

Estas medidas requieren compromiso político en alto nivel para destrabar barreras entre instituciones, oficinas físicas compartidas, equipo dedicado al menos medio turno y un presupuesto inicial para el personal técnico y asesores.

De estos grupos y la experiencia que se acumule del trabajo se pueden tomar las experiencias e ideas para elaborar un nuevo marco jurídico que permite mejorar el código penal o al menos impulsar hacia el parlamento las nuevas propuestas para la reformulación de leyes que hoy en día pueden llegar a ser obsoletas o ineficientes.