La normativa vigente en nuestro país consagra la obligación del Estado de asegurar que el 4% de las
vacantes anuales en los llamados públicos sean ocupadas por personas con discapacidad.
Sin embargo, los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) demuestran sistemáticamente
que la inmensa mayoría de los Incisos, Ministerios, Intendencias y Entes Autónomos incumplen esta cuota
legal. De hecho, los ingresos reales por cuota de discapacidad en el ámbito estatal históricamente no
alcanzan el 1% del total general de incorporaciones.
Este incumplimiento persistente no responde a una falta de texto legal, sino a la ausencia de mecanismos
coercitivos y sancionatorios para los organismos infractores. En el diseño institucional actual, incumplir la
ley de discapacidad resulta gratuito para los jerarcas del Estado, pues no existen penalizaciones
administrativas, financieras ni de gestión presupuestal.
Asimismo, el porcentaje del 4% fijado en la ley vigente resulta insuficiente para revertir la exclusión
estructural que padecen las personas con discapacidad en el mercado laboral.
La evidencia estadística demuestra que la población con discapacidad supera el 15% de la población total,
por lo que se propone elevar la cuota mínima al 8%, en consonancia con los compromisos internacionales
asumidos por el Estado uruguayo (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) y con
el principio de igualdad sustantiva.
La presente iniciativa busca subsanar este vacío legal y fortalecer la inclusión laboral mediante dos medidas
complementarias:

1. Aumento del cupo mínimo al 8%.
2. Creación de un régimen sancionatorio automático para los organismos que incumplan.