La democratización de las comunicaciones debe constituirse en un objetivo estratégico de la política pública nacional. Para ello resulta necesario actualizar y fortalecer el marco normativo vigente, garantizando el acceso equitativo al espectro radioeléctrico y reconociendo a los medios comunitarios como actores fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. La legislación debe asegurar la diversidad de voces, impedir la concentración excesiva de la propiedad de los medios y promover mecanismos efectivos de participación social. Asimismo, es necesario adecuar la normativa a los desafíos tecnológicos contemporáneos, incorporando los entornos digitales y fortaleciendo las garantías para los medios comunitarios, educativos y culturales.
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