El sistema de justicia criminal en Uruguay enfrenta debilidades estructurales que limitan su eficacia y capacidad de respuesta. La fragmentación entre la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario dificulta la coordinación interinstitucional y la definición de una política criminal integral.

A lo largo del ciclo penal se observan problemas encadenados:

• Denuncia: baja propensión de la ciudadanía a denunciar delitos.

• Disuasión y control del delito: limitaciones en la capacidad de prevención, control territorial, uso de inteligencia criminal y análisis de información para anticipar y reprimir la violencia y el delito.

• Persecución penal: dificultades de gestión, priorización y jerarquización de casos.

• Investigación criminal: capacidades técnicas insuficientes, falta de modernización tecnológica y servicios periciales desactualizados.

• Resolución Judicial: demoras y sobrecarga en la resolución de causas, en parte por déficits de gestión administrativa.

• Sanción penal: crisis penitenciaria marcada por un uso desmedido de la privación de libertad, hacinamiento, violencia intracarcelaria, alta reincidencia, falta de programas de tratamiento y rehabilitación.

A esto se suman barreras de acceso a la justicia, déficits en la atención integral a víctimas y testigos, ineficiencia administrativa y escaso control de la corrupción, que profundizan la impunidad y erosionan la confianza ciudadana.

Superar estos problemas requiere una política criminal que promueva una gobernanza articulada del sistema y aborde sus principales cuellos de botella, para consolidar una justicia penal más eficaz, eficiente y legítima.

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Sobre el PNSP

Es un instrumento estratégico fundamental del Gobierno Nacional, llevado adelante por Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, para avanzar hacia un país más seguro.

Concibe la seguridad pública como una responsabilidad compartida entre diversas agencias del Estado y de la sociedad, que exige planificación a mediano y largo plazo, participación democrática y uso intensivo de la evidencia, incluyendo la que surja de su propia evaluación. Por eso, el PNSP no se limita a un listado de acciones reactivas o aisladas, ni se restringe al accionar del Ministerio del Interior.

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