La violencia basada en género y la ejercida contra niñas, niños y adolescentes constituyen graves violaciones a los derechos humanos y una amenaza estructural para la seguridad y el desarrollo social. En Uruguay persisten niveles críticos de femicidio, mientras que las denuncias por violencia doméstica aumentaron de 25.000 en 2013 a más de 35.000 en 2024, y los delitos sexuales crecieron un 65 % en la última década. A ello se suman la trata y explotación de niñas, niños y adolescentes y su captación por redes de crimen organizado, con impactos devastadores sobre las víctimas y sus comunidades. Estas formas de violencia perpetúan ciclos de desigualdad, alimentan mercados ilícitos, generan altos costos sociales y deterioran la cohesión comunitaria. Se requiere una respuesta integral que combine prevención, protección a las víctimas, sanción a los agresores y programas de reintegración social.

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Sobre el PNSP

Es un instrumento estratégico fundamental del Gobierno Nacional, llevado adelante por Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, para avanzar hacia un país más seguro.

Concibe la seguridad pública como una responsabilidad compartida entre diversas agencias del Estado y de la sociedad, que exige planificación a mediano y largo plazo, participación democrática y uso intensivo de la evidencia, incluyendo la que surja de su propia evaluación. Por eso, el PNSP no se limita a un listado de acciones reactivas o aisladas, ni se restringe al accionar del Ministerio del Interior.

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